Las encuestas no dicen nada revelador. Por el contrario, le muestran la fotografía que, desde hace tiempo, viene registrando Tucumán: un escenario social en el que la inseguridad sigue ocupando la cúspide de los reclamos ciudadanos, seguido de la inflación (por efecto de los tarifazos) y un poco más atrás el desempleo. Juan Manzur tiene ese diagnóstico en la mano. Fresco. De vez en cuando le pregunta al analista Hugo Haime qué sucede en el distrito. Sí, el mismo que le hacía (y le hace) los sondeos a José Alperovich. El espejo de las encuestas le devuelve también una imagen positiva (no la que le gustaría reflejar) respecto de su función. El gobernador se conforma.

En el mundo político observan a Manzur como un pragmático (a nivel nacional) y, en el ámbito oficialista local, como una persona introvertida, que no muestra decididamente las cartas, por más que le guste jugar al truco una vez por semana con algunos de sus amigos de los tiempos juveniles. En el ambiente empresarial, en tanto, hay un gesto de aprobación a las gestiones que realiza el mandatario para captar nuevos mercados, pero no es una carta blanca. A medida que pasan los meses, la queja de los hombres de negocio es mayor por el impacto del incremento de las alícuotas de Ingresos Brutos en la rentabilidad. Aún más, hay sectores que reclaman, de una vez por todas, que el fisco provincial les devuelva los saldos impositivos que, por estos días superan los $ 500 millones, casi la mitad una recaudación promedio mensual.

Manzur ha decidido no modificar su postura. Las alícuotas seguirán dentro de lo pautado con el Gobierno nacional en el marco de los Consensos Fiscales. A medida que pasen los años, se irán reduciendo. Y pasará bastante tiempo. Mientras tanto, clink, caja...

El excedente de recaudación, que no es poco, ya sirve de colchón para abonar el medio aguinaldo a los casi 100.000 empleados públicos, en sus distintos niveles, a fines de junio. Manzur le agrega otro condimento a la situación del sector público: mientras el Gobierno nacional avanza con un plan de retiros voluntarios, en la Provincia no se propiciará sistema alguno. Las bajas que se darán en el sector público serán las naturales, cuando el agente llegue a la edad legal para acogerse al beneficio de la jubilación. Las experiencias en la materia han sido traumáticas. En la década de 1990 se instrumentó el plan denominado BOSO (Bono Solidario), mediante el cual se le daba al empleado una suerte de compensación por su retiro anticipado. Dejó un tendal de deudas a la Provincia. El discurso se unificó en el gabinete de Manzur: prohibido mencionar la palabra ajuste.

Por el lado industrial, los citricultores están esperando que se confirme la llegada del presidente Mauricio Macri para dar oficialmente por iniciada la reapertura de la comercialización del limón a los Estados Unidos. Es un tema aún no definido. En la anterior oportunidad hubo contactos entre la Casa Rosada y la gobernación para diseñar un cronograma de actos tentativo. Manzur sonríe. Cada vez son más habituales las llamadas que parten de Balcarce 50. Por caso, tiene previsto asistir el martes a la recepción que Macri ofrecerá en Buenos Aires a su par español, Mariano Rajoy. Tal vez esa sea una instancia para acercar una fecha para los actos en Tucumán. Pero la otra industria fuerte tucumana, la azucarera, está en ebullición. La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación fijó nuevos precios provisorios para el bioetanol, que se utiliza para cortar las naftas en una proporción del 12%. El área que encabeza el ministro Juan José Aranguren estableció un valor de $ 16,161 para el litro producido con caña de azúcar, un aumento del 7,5% para marzo pasado, y de otro 3,54% para el mes en curso. Manzur, en este sentido, manifestó su conformismo porque fueron los propios funcionarios nacionales quienes le anticiparon esta decisión, publicada luego en el Boletín Oficial de la Nación. Sin embargo, fue como un baldazo con agua fría para los que producen bioetanol. Los sucroalcoholeros tucumanos esperaban que el precio sea de $ 19 por litro, con el que podrían cubrir los costos de producción, explicaron. Y elevaron una queja administrativa. Es el preludio de la zafra que se avecina.